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| SE HACEN LOS LOCOS. Sentenciados por delitos de corrupción en Cusco deben al Estado indemnizaciones |
La Corte Superior de Justicia de Cusco ha calculado en 10 mil los
procesos concluidos que están pendientes de ejecución de la reparación civil. El
10% corresponde a casos por delitos de corrupción. Eso significa que los
condenados en mil procesos penales por delitos contra la administración pública
incumplen la sentencia en el punto de la compensación fijada en la sentencia.
Tampoco se descarta que estos personajes sigan realizando operaciones económicas
sin ningún problema.
FISCALES Y PROCURADORES: Para Luis Sarmiento Núñez, presidente de la Corte Superior de
Justicia de Cusco, el problema de la falta de pago nace porque los fiscales y
procuradores institucionales y anticorrupción no prevén que los sentenciados
tienden a no pagar los montos fijados en las sentencias.
Explicó que los defensores del Estado tienen la potestad de
solicitar con una medida cautelar el embargo de los bienes de los procesados
antes de que se deshagan de sus pertenencias, por lo dilatado de los procesos
judiciales. “Cuando se inicia un proceso, la Fiscalía y la Procuraduría tienen
la facultad de solicitar como medida cautelar el embargo de esos bienes, porque
después de 3 o 4 años (que dura el proceso judicial), cuando la persona que está
siendo sometida a proceso es sentenciada, ya no le encuentran nada”,
observó.
En ese sentido, Sarmiento Núñez atribuyó a los fiscales y
procuradores el problema de que los sentenciados no paguen la reparación al
Estado. “Es un problema de las personas que siguen el proceso. Nosotros tenemos
aquí en la Corte procesos que están pendientes de ejecución de la reparación
civil, pero ese proceso es a instancia de parte. ¿Qué le cuesta al Ministerio
Público, a las procuradurías, iniciar ese trámite desde un inicio?”, se
preguntó.
El CASO JS: Por ejemplo, quienes no han garantizado el pago de la reparación
civil que se les impuso en la sentencia de primera instancia son los
involucrados en el sonado caso de corrupción de JS Contratistas: el ex
presidente Hugo Gonzales Sayán, su ex vicepresidente Mario Ochoa Vargas y su ex
gerente de Infraestructura, Guido Gallegos Cáceres. También algunos consultores
y empresarios. En este caso es necesario señalar que los sentenciados no están
obligados a pagar la reparación civil de 50 mil soles que les impuso la
desactivada Sala Penal Liquidadora Transitoria, en octubre del 2011, dado que la
sanción está pendiente de solución, debido a la apelación interpuesta en la
Corte Suprema de Justicia del Perú. Solo cuando haya sentencia firme deben pagar
la reparación. Luis Sarmiento consideró que a inicio del proceso se debió haber
pedido el embargo de los bienes de todas esas ex autoridades y funcionarios
–además de empresarios- para asegurar que cumplan con el Estado en caso la Corte
Suprema ratifique la condena.
Claves: Hasta mediados de 2011, la Procuraduría Pública Anticorrupción del
Cusco -que era dirigida por la abogada Dora Monzón Valverde- sintetizó una lista
de las anteriores autoridades y funcionarios públicos procesados por corrupción
que superaba los 5 mil. Y la lista de condenados con sentencia consentida
sumaba casi 600. Si los fiscales y procuradores siguen el consejo del presidente de
la Corte Superior de Cusco, Luis Sarmiento, podrían pedir el embargo de los
bienes del actual presidente regional, Jorge Acurio Tito, quien es procesado por
vario delitos de corrupción junto a dos de sus funcionarios de confianza.
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